EL GOBIERNO DE LA IGNORANCIA

COLUMNA DE OPINIÓN

Por Sebastián Valdés Lutz

Toda profesión u oficio exige conocimiento y experiencia para desarrollarla, inclusive las menos remuneradas en la sociedad. A nadie se le ocurriría ser asesorado en temas legales por alguien que no tenga estudios legales y un tiempo de ejercicio acorde a la importancia del caso. Nadie contrataría a un eléctrico sin los conocimientos técnicos necesarios que garanticen un buen trabajo, sin percances ni accidentes. Nadie consultaría a un diletante por problemas de la salud y tampoco nadie acudiría a un estilista aficionado, abandonándose en manos inexpertas que dejan “huella” en el cabello de sus clientes. En toda actividad el conocimiento que viene del estudio y la experiencia es el requisito prioritario para poder desempeñarla, y para que la sociedad valide su ejercicio.

La lamentable excepción es la política, la única actividad que puede ser ejercida por cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad y probidad, sin importar si sus estudios y experiencia son suficientes para el buen desempeño en el cargo. Un legislador puede redactar las normas que regulan nuestra sociedad sin entender una coma de los fundamentos de los problemas que se pretende solucionar, o de las oportunidades que subyacen en una propuesta. A diferencia del resto de los oficios, la política pretende primero sostener un principio igualitario entre ciudadanos de una misma democracia, y secundariamente satisfacer las necesidades de la sociedad a la que se debe. Así, es más importante que “cualquiera pueda ser político”, a que los mejores lleguen a la política.

El idealismo detrás de la frase “cualquiera puede cocinar”, pregonada por el aclamado chef Auguste Gusteau (Ratatouille), no pretendía extender la idea de que cualquiera es capaz de elaborar sabrosos platos sin tener la experiencia, sino por el contrario, que cualquiera puede generar la experiencia apropiada para elaborarlos. Gusteau democratiza el acceso al conocimiento necesario para cocinar, pero bajo ningún aspecto ningunea ese conocimiento. La política también se rige bajo la misma regla, ya que cualquiera puede adquirir los conocimientos adecuados para ejercerla, pero a su vez, nadie debiese hacer política sin contar con esos conocimientos.

Muchos se niegan a aceptar que para desarrollar la actividad política es necesaria educación y experiencia, pues consideran que ello constituye un juicio discriminatorio, pero los mismos consideran una afrenta tolerar con la misma liviandad la inexperiencia en sus áreas profesionales privadas. Es la incoherencia del juicio entre lo propio y lo público.

Para salvaguardar a la sociedad de la inexperta acción de los políticos, se les concede a estos acceso permanente a asesoría, sin embargo, cuando se siembra sobre tierra infértil no se consiguen frutos. Por más médicos cirujanos que asesoren a un albañil, este no ejecutará la adecuada incisión en un pabellón.

En países poco desarrollados, como el nuestro, la falta de educación general agrava el problema de la falta de requisitos para ser político, ya que los votantes no tienen los conocimientos adecuados para discriminar la idoneidad de cada candidato, y a su vez, la buena gestión de este pasa a depender meramente del azar, de tener la suerte de que un candidato electo tenga efectivamente las competencias para el cargo que fue elegido. Por ello cobra tanto sentido el dicho que dice que la “calidad de las democracias depende de la cualidad de su pueblo”, entendiéndose que detrás de la palabra “cualidad” la educación tiene un rol fundamental.

La falta de educación en la ciudadanía, junto con la falta de requisitos para ser representante de esta, es el escenario perfecto para el surgimiento del populismo, que no es más que el uso de la ignorancia del pueblo para implementar medidas que van en contra de su propio bien, del bien común, en favor de los intereses privados del gobernante. El populismo no es más que la lenta cocción de la rana, que no percibe el peligro hasta que ya es demasiado tarde.

Debiese ser regla que los requisitos para ser político sean inversamente proporcionales al nivel educacional de la ciudadanía, de manera de asegurar que la democracia cuente siempre con representantes aptos donde elegir. Si bien esto restringe el ejercicio democrático, mejora las probabilidades de éxito en su gestión, lo que, a fin de cuentas, debiese ser lo más importante para evaluar nuestro modelo democrático. ¿No deseamos todos alcanzar el mayor bien común posible?